La activista rechaza las reformas que algunos estados de la OEA impulsan, como modificar los estatutos de la CIDH para que se consulte a los estados antes de emitir medidas cautelares o los cambios en sus informes.
La directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Elsie Monge, afirma que es vital luchar por la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cree, sin embargo, que las reformas planteadas por Ecuador, Venezuela y Bolivia en la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que culminó la semana pasada en Bolivia, buscan debilitarla.
¿De qué forma los cambios que plantearon algunos estados en la Asamblea de la OEA incidirán en la labor de las organizaciones de derechos humanos?
Incidiría directamente en el trabajo de las organizaciones. Se apela a los sistemas Universal o Interamericano de los Derechos Humanos cuando se han agotado los recursos internos y no ha existido justicia dentro de un país. La CIDH fue creada para defender al ciudadano corriente frente a los abusos de poder. Quienes van a salir perjudicados de una propuesta como la que se plantea serán los ciudadanos comunes y corrientes. Al restarle atribuciones a la CIDH, con estos planteamientos, el riesgo es diluir y debilitar la defensa de los derechos humanos. La medida cautelar significa que la CIDH puede detener la decisión de un Estado y es como mantener el brazo ejecutor pendiente hasta que no se resuelva un reclamo pendiente. Claro, esto a los gobiernos no les gusta.
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Las críticas más duras fueron planteadas por Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Con posturas como las escuchadas en la Asamblea, ¿no se corre el riesgo de politizar el debate?
Quienes pretenden disminuir o restarle autonomía a la CIDH son estados que han sido, si se quiere, interpelados. Resulta irónico que son esos estados interpelados los que quieren manejar una instancia de derechos humanos. Entonces se vuelven juez y parte, y se restaría independencia en la Comisión. Desechar intereses políticos es muy difícil, porque la OEA es una instancia política.
Si estas reformas son aprobadas, ¿restarán o no autonomía e independencia a la CIDH?
Definitivamente que sí. Hacia allá se apunta. Por eso es que se cuestionan estas pretendidas reformas, que incluso las llaman reforzamiento, cuando no hay tal, sino que es todo lo contrario. La CIDH ha tratado de ser lo más objetiva posible.
La CIDH proviene de un ente político como la OEA. ¿Ha podido mantener la independencia?
Yo pienso que sí ha podido mantener cierta independencia. No hay ninguna instancia 100% perfecta. ¿Que tiene cosas que mejorar? Sí. ¿Que necesita mayor agilidad? También. Pero eso va conectado con los recursos. Si le cierran la llave, entonces disminuye el personal y se demoran más los trámites. Ese es un mecanismo también para debilitarla.
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¿Cómo recibe el hecho de que las reformas, que antes de la Asamblea eran tratadas como propuestas no vinculantes, hoy estén a cargo de los estados?
Si un organismo internacional o interamericano de defensa de los derechos humanos pasara a depender directamente de los estados, no tendría sentido. La función es defender a los ciudadanos comunes y corrientes frente a los abusos del Estado. El Estado no va a inculparse a sí mismo. Los hechos están hablando por sí solos. Esta movida está dirigida a debilitar el organismo.
¿Las reformas responden a un malestar de países que han recibido medidas cautelares?
Los hechos parecen apuntar en ese sentido.
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¿Cuál es su postura sobre el mantenimiento o no del informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión, algo que también ha sido cuestionado por algunos países de la OEA?
Las relatorías deben mantenerse para hacer visible, en el contexto internacional, cualquier tipo de dificultad contra los estados. Si se violan derechos, no importa dónde, tiene que ser corregido, tiene que ser enmendado, tiene que impedirse que continúe. La posición inmediata de Ecuador tiene que ver con la Relatoría para la Libertad de Expresión.
Los gobiernos demandan cambios, pero algunos no cumplen con la entrega de recursos. Entre el 2002 y 2011, la CIDH recibió 13.469 peticiones de toda América, pero tiene a 33 abogados, menos de uno por país.
El no entregar los recursos suficientes es otra manera de impedir la agilidad en el trabajo de la Comisión.
Hay gobiernos que hablan de la supuesta injerencia de Estados Unidos en la CIDH y creen que es una herramienta utilizada para dañar la imagen de los gobiernos de izquierda de la región. ¿Cuál es su visión?
Otra de las objeciones planteadas es que en la CIDH tiene un papel preponderante, si se quiere, Estados Unidos. Pero es interesante ver que, en el 2011, la CIDH dictó doce medidas cautelares en contra de Honduras y once contra Estados Unidos, y una contra Ecuador, Bolivia y Venezuela. Los tres países que están proponiendo cambios recibieron una medida cautelar de la CIDH, cada uno, en el 2011, mientras que Estados Unidos recibió once. Si es que realmente la CIDH dependiera del gobierno de Estados Unidos, no existirían esas medidas cautelares.
Gobiernos como el de Ecuador cuestionan que países como Estados Unidos o Canadá no hayan ratificado la Convención Americana y que, aun así, defiendan la labor de la CIDH.
Canadá y Estados Unidos son signatarios de la Convención, pero no la han ratificado. En el caso de Estados Unidos es por cuestión de su legislación interna, que prevé la pena de muerte. La Convención rechaza la pena de muerte y ellos la mantienen. Pero estos dos estados, a pesar de no haber ratificado la Convención, son sujetos de examen de la situación de los derechos humanos.
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El Gobierno dice que busca mejorar la defensa de derechos humanos. ¿Lo cree posible en un país donde las organizaciones sociales e indígenas denuncian lo que llaman “criminalización de la protesta” y el incumplimiento de la consulta previa?
Hay una serie de contradicciones. Las organizaciones campesinas que quieren reclamar derechos no tienen otra vía que hacer una demostración para que les presten atención. Pero eso ya se considera un crimen; si se bloquea una carretera, igual. Se les acusa de terrorismo o sabotaje... Entonces cómo se puede decir que es un adalid de los derechos humanos un Estado o un Gobierno que está atentando contra los derechos de las organizaciones sociales. La consulta previa no se acata y está en la Constitución. En la mayor parte de veces no se hace o se coge a una docena de personas y se les dice: “Estas son las ventajas y firme este papel”. Eso ya lo hacen pasar como consulta previa.
La Cedhu lleva adelante casos en la Comisión y en la Corte Interamericana. ¿Cuáles han sido las principales trabas que han encontrado en el país para el cumplimiento de las recomendaciones o los fallos?
La parte más fácil es el pago de las indemnizaciones. Las recomendaciones, en cambio, implican cambios institucionales para superar esas falencias en tema de derechos humanos y eso de los cambios institucionales casi nunca se cumple. Esa es la mayor traba.
¿Ecuador cumple y entrega información cuando el Sistema Interamericano se lo pide?
Muchas veces hay demoras en la entrega de información. En el momento de la entrega de los datos a la CIDH, de alguna forma se cumple con el proceso. Pero cuando llega a la Corte Interamericana, para el juzgamiento, esta hace unas recomendaciones, que si bien no tienen poder coercitivo, son vinculantes, pero en la mayoría de casos no se cumplen.
Hay países de la OEA que proponen, en cambio, que se fortalezca la autonomía e independencia de la CIDH. ¿Cuál es su perspectiva sobre el tema?
La independencia de la justicia a nivel nacional siempre ha sido difícil, porque la tentación del poder es controlar todo, incluyendo la justicia. Ahora, cuando se dice que la forma de reformar la justicia es metiéndole la mano, pues se anula todo principio de democracia, la independencia de poderes. No digo que siempre ha existido independencia de poderes, pero es como que ahora no vale, no cuenta. Entonces lo que hay que fortalecer es la independencia. Esta es una situación delicada que requiere mucha entereza y objetividad para tratar de respetar la autonomía de los diferentes poderes y lo mismo sucedería a nivel internacional. Yo digo que, para cualquier trabajo de derechos humanos, lo que hay que velar principalmente es la autonomía e independencia.
Perfil: Elsie Monge Yoder
EDAD
77 años.
FORMACIÓN
Licenciada en Educación y Sociología en el Nazareth College y Mary Rogers College, de Estados Unidos; posgrado en Antropología Social e Historia de la Civilización y en Antropología Cultural.
EMPLEOS
Fue misionera en Guatemala y Panamá con la Congregación Misionera Mariknoll (Colina de María); ha sido maestra.